Todavía estoy temblando por la noticia.
Este fallo nos da un poco de esperanza.
Los años de espera desgastan y agobian de desilusión”.
Quien habla es Alba Saenz, madre de Federico Ecker, una de las víctimas de la tragedia del colegio Ecos.
El fallo al que se refiere es el de la Corte Suprema de la Nación, que este jueves dejó sin efecto la sentencia que declaraba la prescripción de la causa.

Hace casi dos años, la Justicia de Santa Fe convalidó el cierre de la causa por el choque entre un camión y un micro en esa provincia en 2006, en el que murieron nueve estudiantes y una docente que volvían de un viaje a Chaco.
Pero un recurso extraordinario llevó a la Corte de la Nación a anular esa sentencia.
“La prescripción de la Corte santafesina fue por los errores que cometieron el propio fiscal y el juez”, resalta Saenz.
Fue el colmo del absurdo: sabían que se dio por demoras en el envío de expedientes de un lado al otro y por la falta de impulso a la causa”, agrega Héctor D’Agostino, padre de Daniela, otra de las víctimas.

El 8 de octubre de 2006, un camionero en estado de ebriedad chocó contra el micro en el que viajaban alumnos del colegio Ecos que volvían de un viaje con fines solidarios a la provincia de Chaco.
La tragedia ocurrió en el kilómetro 689 de la ruta nacional 11, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Una docente y nueve alumnos murieron como consecuencia del impacto, además del chofer del camión y su acompañante.

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Las imputaciones penales recayeron sobre el conductor del micro, Oscar Atamañuk, que afrontó tres juicios.
En el primero fue absuelto, pero la sentencia fue anulada.
En el segundo, fue condenado, pero el fallo volvió a ser declarado nulo por falta de la indagatoria.
En el tercero, en julio de 2013, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión, pero la Corte de Santa Fe entendió que había pasado demasiado tiempo y la causa había prescripto.

Tras la tragedia, Saenz, D’Agostino y otros familiares de víctimas del choque conformaron la ONG Conduciendo a Conciencia, a través de la que impulsan campañas de concientización sobre seguridad vial.
Fue una forma de tomar acción en un contexto que generaba impotencia: por disposición del Código Procesal santafesino, los padres no pueden ser actores en la causa.
Mientras tanto, las irregularidades y demoras en el manejo del expediente se acumulaban e iban reforzando la sensación de impunidad, que se sumó a la pérdida de sus seres queridos.

La falta de Justicia es peor que un mal fallo.
Prefiero que el fallo sea contrario a lo que uno espera, a que no haya nada”, explica D’Agostino.
Y se queja de que “los familiares no podemos ser parte actora, entonces dependemos de la buena voluntad del fiscal o del juez que nos permita seguir la causa”.
Con todo, aún no saben si el caso se retomará desde el punto en que había quedado, sin que los familiares sean actores, o empezará desde cero.
Mientras tanto, celebran la sentencia de la Corte de la Nación y, junto a otras organizaciones, planean para septiembre el segundo Foro de Justicia de la Seguridad Vial en Rosario, donde buscan impulsar cambios en la legislación sobre siniestros viales.

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“La idea es proponer, en el marco de las modificaciones al Código Penal, la inclusión de un capítulo sobre delitos viales, además de incorporar en el sistema judicial la figura de fiscales especializados en delitos viales.
Si en un siniestro vial hay homicidio o lesiones graves, la causa entra dentro del Código Penal, y ningún fiscal o juez le dan la relevancia que tiene”, sostiene D’Agostino.

DD

Fuente: Diario Clarín >> lea el artículo original