BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Ramos envió a juicio oral al ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y a la actriz Andrea del Boca en la causa por supuesta defraudación en la producción de la telenovela 'Mamá Corazón', informaron fuentes judiciales.

La causa es por los $ 36 millones del erario público con los que se financió para la realización de la obra, que nunca se emitió al aire.

La elevación a juicio, a partir de la cual se sorteará un Tribunal y en un futuro próximo la fecha de inicio, fue tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita que incluye a la ex titular del Incaa, Liliana Mazure. Además, van a juicio Carlos Ruta, Luis Vitullo, Carlos Schwerdtteger, Alberto García, Nahuel Billoni, Nadia Jacky y Hugo Nelson.

La actriz está acusada de ser 'partícipe necesaria' del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (Unsam) Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.

El eje central de la acusación contra Del Boca es el manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela 'Mamá Corazón', aunque la tira nunca se emitió.

'El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al Gobierno de ese entonces', según consta en la causa.

Convenio

Tal cual surge del expediente, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de $ 25.652.160 (un 76% del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.

Pero, además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un 10% del total (es decir, unos $ 3 millones) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.

En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa. El juez Ramos rechazó algunas nulidades presentadas por la defensa y elevó el caso a juicio.

Fuente: La Gaceta Salta >> lea el artículo original